Oligarquía significa, en su origen griego, gobierno de unos pocos. Aristóteles la definió en la Política como la forma desviada de la aristocracia: el mando ejercido por los ricos en interés propio y no en el común. Esa definición clásica atiende a quién gobierna y con qué fin.
En América Latina la palabra hizo un recorrido distinto y terminó designando algo más específico: un sector social determinado, en un período determinado, con una base económica determinada.
El referente latinoamericano
En el uso corriente de la historiografía y del debate político regional, oligarquía nombra a los grandes propietarios de tierras que controlaron el Estado durante la etapa de las economías agroexportadoras, aproximadamente entre 1880 y 1930.
El contenido varía según el país. En Argentina remite a los terratenientes de la pampa húmeda y al Partido Autonomista Nacional; en Perú a la llamada República Aristocrática y a los propietarios de la costa; en Chile a la elite minera y agraria; en Centroamérica a las familias cafetaleras.
El rasgo común es la coincidencia entre propiedad de la tierra, control del comercio exterior y ocupación directa del Estado. No se trataba de una clase que influyera sobre el gobierno: era una clase que gobernaba.
El problema del término
Tres objeciones se le han hecho y ninguna es trivial.
La primera es que oligarquía es una palabra política antes que analítica. Se consolidó como insulto en la polémica –el populismo latinoamericano la usó intensamente– y arrastra esa carga adonde vaya. Un término que sirve para acusar tiene dificultades para describir.
La segunda es de precisión. Aplicada a realidades tan distintas como la argentina y la salvadoreña, la categoría iguala lo que debería distinguir. Los grados de concentración de la propiedad, la relación con el capital extranjero y la composición étnica de esas elites no son comparables.
La tercera es que sugiere un grupo homogéneo y estable. La investigación empírica muestra elites divididas, con conflictos internos serios, y con más movilidad de la que el término admite.
Clase dominante: la alternativa y su costo
Frente a esas objeciones, la historiografía marxista propuso hablar de clase dominante, categoría que remite a la posición en las relaciones de producción y no a la cantidad de personas que mandan.
La ventaja es analítica: permite distinguir fracciones –terrateniente, comercial, industrial, financiera– y estudiar las alianzas y los conflictos entre ellas, que es donde suele estar la explicación de los procesos políticos.
El costo es que el término viene con una teoría completa detrás, y quien lo usa asume supuestos sobre la determinación económica de lo político que no todos comparten. Además no resuelve el problema empírico: identificar quién integra esa clase en un momento dado exige exactamente la misma investigación.
Lo que la discusión enseña
El debate se prolongó durante décadas en la región y no produjo un ganador. Lo que produjo, y es valioso, fue el hábito de preguntar por el referente antes de usar la palabra.
Una investigación seria hoy no empieza afirmando que existía una oligarquía: empieza estableciendo quiénes eran los propietarios, qué controlaban, cómo accedían a los cargos y con quién se aliaban. La categoría llega al final, como resumen, y no al principio como supuesto.
Ese orden es la contribución duradera de la polémica, y explica por qué conviene conservar las dos palabras en lugar de elegir una. Oligarquía describe una forma de ejercicio del poder; clase dominante describe una posición estructural. Un país puede tener la segunda sin la primera, y ese desajuste suele ser lo interesante.