El 15 de junio de 2012, en un paraje llamado Marina Kue, cerca de Curuguaty, en el departamento paraguayo de Canindeyú, un operativo policial de desalojo contra campesinos sin tierra terminó con diecisiete muertos: once campesinos y seis policías.

Nueve días después, el Congreso destituyó al presidente Fernando Lugo en un juicio político de menos de treinta horas, usando los hechos de Curuguaty como principal argumento. La secuencia convirtió a un desalojo rural en el episodio político paraguayo más importante del siglo.

El conflicto de fondo

Marina Kue –“campo de la marina” en guaraní– eran tierras que habían pertenecido a la Armada paraguaya y cuya titularidad estaba en disputa: una empresa privada las reclamaba como propias y un sector sostenía que debían destinarse a la reforma agraria.

Esa disputa concentra el problema paraguayo. El país tiene una de las concentraciones de tierra más altas del mundo, herencia directa del reparto de tierras públicas tras la Guerra de la Triple Alianza y de las adjudicaciones irregulares durante la dictadura de Stroessner, conocidas como tierras malhabidas.

El conflicto campesino paraguayo no es un conflicto por propiedad privada legítima. Es un conflicto sobre tierras cuya titulación está cuestionada en el propio registro.

El proceso judicial

La investigación fue objeto de críticas severas por parte de organismos de derechos humanos: se investigaron sólo las muertes de los policías, la escena no se preservó adecuadamente, y las pericias que habrían permitido establecer la trayectoria de los disparos no se realizaron a tiempo.

En 2016 un tribunal condenó a once campesinos a penas de hasta treinta años. En 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó el sobreseimiento, por deficiencias graves en la acusación.

El saldo es el habitual en este tipo de casos: diecisiete muertos y ninguna responsabilidad establecida.

El duelo como práctica y como prueba

Aquí está lo que el estudio de las prácticas funerarias aporta y que el expediente no registra.

En comunidades campesinas paraguayas, el duelo tiene una organización propia: el velatorio prolongado, la novena de rezos, el aniversario, y el mantenimiento de la sepultura como obligación comunitaria. Esas prácticas cumplen una función social que en un caso como éste adquiere una dimensión adicional.

Cuando la justicia no establece qué ocurrió, el ritual funerario se convierte en el único lugar donde la muerte queda afirmada como injusta. La cruz con el nombre, la misa del aniversario, la romería al sitio: son actos que sostienen una versión de los hechos frente a un Estado que no la sostuvo.

La antropología de la muerte ha documentado ese uso en otros contextos latinoamericanos, y el mecanismo es reconocible: el duelo público funciona como contra-archivo.

Lo que queda

Curuguaty dejó tres cosas. Un cambio de gobierno por vía parlamentaria que abrió un ciclo político distinto en Paraguay. Un proceso judicial anulado que dejó las muertes sin explicación oficial. Y una conmemoración anual que se sostiene en el sitio.

La tercera es la más frágil y la más duradera. Un aniversario se mantiene mientras alguien decida mantenerlo, y esa decisión, repetida cada año durante más de una década, es lo que impide que el episodio se cierre.